EDUARDO BAYONA@E_Bayona

¿Cuánto vale una bandera de un Gobierno anarquista? Es la incógnita que van a tener que despejar los técnicos del Gobierno de Javier Lambán después de que un coleccionista de Barcelona, Rubén Martínez, haya puesto a la venta en internet por 14.500 euros uno de los dos banderines de un coche oficial del Consejo de Aragón, el efímero ejecutivo libertario con sede en Caspe que controló la mitad oriental de Huesca, Zaragoza y Teruel entre octubre de 1936 y agosto de 1937, que posee.

El anuncio, colgado desde hace unos días en la web Todocolección, ha dado lugar a una enrevesada situación jurídica y política, ya que la Ley de Derechos Históricos   declara “de interés general a efectos expropiatorios” los “bienes y archivos que pertenecieron” al Consejo “con el fin de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos”.

No obstante, la norma, aprobada con un amplio apoyo parlamentario y la única oposición de PP y C’s, señala como “condición de la expropiación prevista” la previa “declaración oficial del bien y archivos como singulares para la identidad de Aragón por la Diputación General, que conllevará la necesidad de ocupación conforme a la ley de expropiación forzosa”, algo que no se ha dado.

Y, por otra parte, el artículo que regula esa situación, que es la disposición adicional segunda, es uno de los preceptos sobre cuya legalidad deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional después de que lo recurriera el grupo parlamentario del PP y de que, este viernes, el Consejo de Ministros acordara también denunciarlo tras no haber dado frutos la negociación con el Gobierno de Aragón para acordar su interpretación.

El recurso de La Moncloa conllevará dentro de unas semanas, en cuanto sea admitido a trámite el recurso, su suspensión automática por un periodo de cinco meses al estar firmado por el presidente del Gobierno, aunque se trata de una decisión recurrible.

Sin embargo, la ley, aprobada con un amplio apoyo parlamentario y la única oposición de PP y C’s, sigue vigente a pesar de que el Gobierno central también ve ilegalidades en ella, ya que este y el ejecutivo autonómico se dieron en octubre un plazo de seis meses para cerrar un acuerdo antes de recurrirla ante el Constitucional, lo que sí conllevaría su suspensión.

Un museo en Caspe

La ‘liebre’ la levantó Puyalón de Cuchas, un partido independentista aragonés que hace unos días reclamó en un comunicado “su adquisición para que forme parte de un museo sobre este periodo de la historia de Aragón” que “debería tener sede en Caspe, capital de Aragón durante ese periodo”, y al que también propone incorporar los ‘papeles de Salamanca’ de la comunidad.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín exigía al Gobierno de Aragón “la defensa de nuestra memoria más reciente” tal y como “divulga la historia de nuestros panteones reales y bienes de Sijena”.

Mientras tanto, la comunidad ha iniciado los trámites para hacerse con la bandera. “Se ha creado un equipo de técnicos de la Dirección General de Patrimonio para que verifiquen si realmente se trata de una bandera del Consejo de Aragón y para que comprueben su estado”, señaló un portavoz de la Consejería de Cultura, que declinó pronunciarse sobre el precio por el que la ofrece el coleccionista, en relación con la que se vende en internet. “Seguimos el mismo procedimiento que se sigue cuando se detecta que va a salir a subasta una obra de arte aragonesa”, añadió. 
Sin embargo, Rubén Martínez explicó a Público que nadie se ha puesto en contacto con él hasta ahora.

Historia de dos banderas

El coleccionista, aficionado al material de época y que tiene una amplia serie privada sobre la guerra civil, se hizo con la primera de las dos banderas hace quince años, cuando se la compró a una casa de subastas de Barcelona le pidió que la tasara. “Alguien la llevó allí para venderla”, explica.

Se trata de un trofeo de guerra, señala, ya que en uno de los laterales puede leerse, escrito en tinta, “17-3-1938. Día de la liberación. Caspe”, una anotación de botínde estilo habitual entre los militares de los años 30. Supone que era la que ondeaba en el coche del presidente del Consejo, Joaquín Ascaso.

Es un banderín de 49 por 32,5 centímetros que lleva en el anverso tres franjas horizontales con los colores negro, rojo y morado (por los libertarios, por los socialistas y los comunistas y por los republicanos,) con la cuatribarrada aragonesa vertical en un triángulo y con el escudo del Consejo en el centro. El reverso lleva los colores de la tricolor de la Segunda República.

Unos meses después adquirió la segunda tras ofrecérsela un anticuario, y cuyo origen sitúa en una fábrica de banderas, ya que varias de las ocho que le mostró, la mayoría de la Generalitat, no habían sido acabadas de coser. No hay constancia de que exista ninguna más.

La segunda, que es la que ha sacado a la venta, ha estado en varias ocasiones en Aragón. Primero en Caspe y después dos veces en Zaragoza, una en un acto de Chunta Aragonesista y otra en la exposición “Dicen que hay tierras al este”, organizada hace unos meses por la comunidad y por la Diputación de Zaragoza.

“Siempre que me la han pedido la he llevado”, anota Martínez. “Creo que una tiene que volver a Aragón”, indica el coleccionista, que apunta que “en ese caso el precio se podría rebajar”. “Cuando son piezas exclusivas no hay una cifra orientativa, es lo que uno esté dispuesto a pagar y el otro a aceptar”, añade.

El efímero Gobierno anarquista del Aragón oriental

El Consejo Regional de Defensa de Aragón es la única experiencia de Gobierno libertario documentada en occidente, más allá del sistema insurreccional que lideró hace ahora un siglo Néstor Majnó en Ucrania tras encabezar una revuelta y organizar el Ejército Negro. Algunos autores señalan a este como uno de los inspiradores del Consejo por los contactos que mantuvo en Barcelona, durante su exilio, con Buenaventura Durruti, varios de cuyos colaboradores, como Ascaso, participaron en su gestión.

El Consejo de Aragón, disuelto por el general Ignacio Mantecón y por Enrique Líster por orden del Gobierno de la República, normalizó la vida civil en su territorio, asentó las colectivizaciones y abrió líneas de comercio con zonas como Levante, además de poner en marcha las Brigadas de Alfabetización.

Las Cortes de Aragón aprobaron hace tres años por unanimidad una resolución por la que reclamaron al ejecutivo autonómico “la puesta en marcha de cuantas actuaciones se consideren necesarias para valorar, difundir, dignificar y reconocer el ‘papel institucional’ del denominado ‘Consejo de Aragón’, así como incluirlo entre los contenidos educativos aragoneses”.

Recientemente, la Ley de Memoria Democrática  se refería a la zona que controlaba como “la tierra del sueño igualitario, de las colectividades” y recordaba que se trató de una “entidad de autogobierno reconocida por el Gobierno de la Segunda República”.

Público